Mientras que las entradas de los dispensarios están abarrotadas de personas haciendo fila para pedir medicamentos esenciales que desde hace meses han sido negados por supuesta falta de inventario, el presidente Gustavo Petro aseguró que las farmacéuticas están «acaparando la insulina». Por esta razón, le pidió al superintendente de salud que «donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población (…) se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles».
Estas afirmaciones generaron controversia por lo que efectivamente es señalado por algunos juristas -como Iván Cancino o Francisco Bernate- como una extralimitación del mandatario. Según el Código de Procedimiento Penal, el allanamiento solo puede ser tramitado por la Fiscalía y ordenado por un juez de la República para dos fines: obtener pruebas o capturar a un indiciado.
De acuerdo con los artículos 220 y 222, se puede dictar un allanamiento «si hay motivos razonables para pensar que el propietario o tenedor del lugar es el autor de un delito» o si se presume que en el sitio hay objetos relacionados con una acción penal.
El jefe de Estado agregó que probablemente por esta orden se señale a su Gobierno que «es una dictadura». Sin embargo, dijo que «es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha usado».
Esta casa jurídica, considera, que, el Presidente Petro, tiene toda la razón, en el sentido que, si no se usan o no se entregan, no tienen por qué estar represadas, ese es el motivo principal de las farmacéuticas, que nunca hay el medicamento que envían los médicos tratantes, sin embargo, estos mismos siempre se encuentran represados, por ello, le damos toda la razón a nuestro Presidente.
Autor: Dr. GIOVANYS ESCOBAR BENITEZ.